Recientemente el CORMIN se reunió con la comisión de políticas sociales del Parlamento navarro para tratar asuntos de discapacidad porque no hay comisión de discapacidad a pesar de ser una de las reclamaciones permanentes del CORMIN, ¿no es así?

 

Hace varios años que pedimos que se cree una comisión, al igual que la hay en el parlamento y en otras comunidades autónomas. Es una reclamación que entienden, pero siempre queda en el olvido. Es una de las permanentes reivindicaciones en los últimos tres años. Nunca ha habido una comisión de discapacidad en el Parlamento navarro y todos los temas relacionados con discapacidad, a excepción de la ley accesibilidad universal que fue tratada en una comisión sobre urbanismo, se han tocado en la comisión de política social.

 

¿Cree que no es una prioridad?

 

Para ellos no es una prioridad. Es lo que siempre pasa con la discapacidad, hay una falta de sincronización entre el discurso y la práctica. La discapacidad es una cuestión de derechos humanos, fundamentales, hablan de la Convención de la ONU, pero en la práctica retrocedemos al escalón anterior, y es por eso, no está asumido ese discurso.

 

El CORMIN también reclama un nuevo plan integral de atención a las personas con discapacidad, ¿cómo funcionó el anterior?

 

Para entender el plan integral nos remontamos al año 2003, han pasado más de 10 años pero no han cambiado tanto las cosas. El plan era un trabajo conjunto entre el CORMIN y el Gobierno de Navarra, para que en el año 2010 viera la luz, es decir, que todas las actuaciones y acciones recogidas se pudieran cumplir. Nosotros nos implicamos como CORMIN y como asociaciones, con profesionales trabajando en ello. El resultado es que, según la evaluación de 2012 del Gobierno de Navarra, de 107 medidas que contenía el plan se habían finalizado 37, que son el 35 por ciento; están en proceso 26, que es un 24 por ciento, y que hay pendientes de inicio 34, que es un 32 por ciento y se desestimaron 10, que es un 9 por ciento.

Más de la mitad están entonces pendientes, pero también es cuestionable las que indican como finalizadas, porque no ha habido una objetivación de todo. Con todo esto, nos encontramos con que en el Parlamento hubo una iniciativa para que se hiciera un nuevo plan, puesto que el plazo del primero había finalizado. Nosotros consideramos que no era necesario hacer uno nuevo si el anterior era perfecto, aunque serían necesarias ciertas adaptaciones. Así pues hemos pactado recientemente que sea el mismo plan pero tenemos que adecuarlo al contexto actual, sobre todo el económico. Entonces se reeditará este plan. 

 

Hay muchas medidas de ese plan que no requieren dotación presupuestaria, simplemente es una cuestión de voluntad, pero ni tan siquiera esas se han cumplido todas. 

 

¿Se están rebajando las expectativas en este nuevo acuerdo?

 

Probablemente el resultado sea una disminución cualitativa y cuantitativa pero no tendremos más remedio que aceptar lo que se nos plantea, aunque lo negociaremos e intentaremos tensar la cuerda.

 

Al final la cuestión económica es la que marca muchas pautas hoy en día.

 

Sí pero también hay otra, que llama la atención, y es que hay un excesivo cortoplacismo en la política al uso. Como hay una caducidad de cuatro años, en los momentos previos a la llegada hay una gran ilusión, se recogen los programas electorales y las demandas, se acoge casi todo, pero cuando llega a la responsabilidad de la gestión hay un periodo de unos dos años de toma de contacto y luego se observa en los dos años siguientes un movimiento parecido al de los programas electorales. 

 

Y mientras, ¿las entidades siguen acusando mucho la crisis y sus efectos?

 

Quizás no estamos como en otras comunidades. Sí cobramos aunque tarde. En la parte económica reclamamos una sostenibilidad en el sector, sobre todo la dotación presupuestaria suficiente para lo que hacemos, y en 2012 la reducción fue de un 28 por ciento, que afectaba a la financiación que procedía de la administración. Durante los años siguientes se ha mantenido, no hemos tenido reducción, no hemos crecido pero tampoco hemos disminuido. 

 

Si no tenemos financiación la repercusión es inmediata en la atención directa. Otro problema es que las convocatorias suelen ser anuales y con procedimientos burocráticos excesivos y repetitivos. Nos gustaría que fuera más ágil para afrontar esa falta de caja que hay entre convocatoria y convocatoria. Año tras año estamos sometidos a concurrencia, cuando los programas están contrastados, se está haciendo lo que no se hace desde la Administración, por eso queremos una dotación suficiente económicamente y que el procedimiento sea sencillo, con la incorporación de fórmulas como convenios plurianuales o conciertos, y esto traería estabilidad.

 

Al menos no ha habido cierres de entidades aunque algunas asociaciones sí han estado varios meses sin poder pagar a trabajadores. Sacaremos pecho hasta que pase…

 

A pesar de la situación, ¿se sienten respaldados de alguna manera?

Desde los grupos políticos, cada vez tenemos más reconocido nuestro propio espacio, no compite nadie, nos dan autoridad. Sí noto que nos consideran y nos respetan , y nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para negociar, no mantenemos posturas frentistas, aunque sí posturas firmes.

 

En cuestiones de empleo siguen reclamando el cumplimiento de la Lismi, ¿es una reclamación histórica permanente o es que las cosas han empeorado?

No es que estén peor, pero en cuestión de empleo sí hay movimiento, hay una comisión mixta, y se está trabajando pero el ritmo no es el que nos gustaría. En los últimos años la partida económica no ha variado, pero tampoco ha crecido. El texto refundido, la nueva ley de discapacidad, se incumple, las reservas legales de contratación no se cumplen y aquí no vemos que haya excusa por parte de la administración.

 

Pedimos el cumplimiento normativo en contratación en CEE, centros ocupacionales, empleo con apoyo…

 

Y la Ley de accesibilidad universal que entró en vigor en 2010, ¿no se ha puesto aún en marcha?

 

La ley entró en vigor en mayo de 2010, han pasado casi cuatro años y no se ha hecho el desarrollo reglamentario. La responsabilidad del desarrollo de esta ley cuelga del departamento de presidencia, por la transversalidad, y la ley sustituye a una de 1988 que es la ley de barreras físicas y sensoriales, que la desarrolló un reglamento del 89. El problema es que la ley de ahora, de 2010, ha derogado la del 88, pero mientras no tenga desarrollo reglamentario seguirá rigiendo el desarrollo reglamentario del 89. Es una contradicción. 

 

Tampoco pasa nada en cuanto a exigencias de accesibilidad teóricamente porque, por ejemplo, el código técnico de edificación o la orden de vivienda ya obligan a que haya que cumplir requisitos que sí son satisfactorios desde el punto de vista de la accesibilidad. Pero es que en el año 88 no se hablaba de accesibilidad, se hablaba de eliminación de barreras. Desde el punto de vista de la nueva norma, que es pionera y se adapta a la Convención de la ONU, es todo perfecto, pero la aplicación no existe porque el Gobierno no ha sido capaz de cumplir la tarea que tenía. Y, aparte del desarrollo reglamentario, otra de las cuestiones encomendadas era elaborar una especie de autodiagnóstico de situación de sus departamentos. Han empezado y hemos trabajado mucho en la última época, se ha creado un grupo técnico pero el resultado es cero, seguimos sin aplicación efectiva de la ley. La ley es perfecta pero es un brindis al sol.

 

Otras demandas del CORMIN han sido también la educación inclusiva, por ejemplo, la modernización del catálogo ortoprotésico, el copago... ¿se trabaja en esa dirección en Navarra?

 

Sí  se reclama una inclusión efectiva con los recursos humanos y materiales necesarios, accesibilidad a las herramientas de trabajo, formación continua de adultos y formación profesional para las personas con discapacidad. Pero también nos preocupan mucho la modernización o actualización del catálogo ortoprotésico. Cada uno de nosotros es diferente de otro y la estandarización de las ayudas técnicas es un punto de partida pero luego hay situaciones mucho más complejas. Queremos que el copago sea lo mínimo posible o que desaparezca y que el pago sea directo y puedas elegir lo que más necesites, avalado por informes médicos o por lo que sea, que se pueda objetivar esa necesidad, pero que se ajuste a lo que tú necesitas. Pero eso parece un horizonte utópico.

 

Otra de las cosas que echamos de menos es la adaptación de la normativa foral a la Convención. 

 

¿Se ha resentido el CORMIN y la política social por la crisis de gobierno que sufrió Navarra hace unas semanas?

 

Ha habido una inactividad importante y eso ha durado unas tres semanas. Superada la crisis, parece que se ponen de nuevo las pilas, pero la sensación es que se paraliza toda la situación. 

 

Seguimos trabajando igual pero estos 14 meses que nos quedan volveremos a la situación de debilidad por la minoría parlamentaria en el Gobierno y estaremos trabajando en clave preelectoral. Esta falta de estabilidad no es buena. 

 

En cuanto a los cambios en la Caja de Ahorros de Navarra, ahora Fundación CAN, ¿ha logrado el CORMIN reforzar su presencia en esta importante entidad para la discapacidad?

 

Se ha creado un patronato que va a gestionar esa Fundación CAN, que ya no es una entidad de crédito y tiene un potencial importante, pues gestionará mucho dinero de la obra social, un dinero que se va a gestionar como obra social. 

 

En verano el Gobierno movió la composición de ese patronato y para el tercer sector era una oportunidad estratégica, por eso el CORMIN presentó la candidatura, sin embargo el nombramiento se retrasó hasta octubre por ciertos problemas, y el Gobierno al final ha nombrado patrono a un candidato sin contar con el tercer sector.

 

Se ha desperdiciado una oportunidad para que la voz del tercer sector se tenga en cuenta en las decisiones que nos afectan y eso teniendo en cuenta que la discapacidad es el mayor perceptor de la obra social de la Fundación CAN.